La mayoría de los países desarrollados ha eliminado el impuesto sobre activos netos. Sin embargo, en España esta obligación está siempre vigente y es la más elevada, con una carga impositiva que puede llegar hasta el 3,5%. En los países de la OCDE, sólo Suiza, Noruega y Colombia mantienen este tipo de impuestos, aunque con muchas más bahías que España.
Según datos de la OCDE, en España la importación de activos es progresiva y varía desde el 0,16% en Navarra hasta el 3,5% para activos superiores a 700.000 euros.
Además, en 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez introdujo un nuevo impuesto al patrimonio que se aplica entre el 1,7% y el 3,5% a las personas con patrimonio superior a los tres millones de euros. Este impuesto también se aplica a los residentes en España con propiedades en el extranjero, mientras que las propiedades ubicadas en España están sujetas al impuesto incluso si su propietario no reside en el país.
En Noruega, el impuesto sobre el patrimonio es del 1% para las personas con activos superiores a 150.000 euros, con un 0,7% asignado a los municipios y un 0,3% al gobierno central. Para activos superiores a 1,74 millones de euros la tipología se reduce al 1,1%. En Suiza, el impuesto sobre los activos varía según el cantón, con tipos entre el 0,3% y el 0,5%, y se aplica tanto a los activos nacionales como a muchos activos en países extranjeros.
Aunque España tiene la carga fiscal sobre el patrimonio más alta del mundo, los grandes patrimonios en España tienen una carga fiscal más alta que sus equivalentes en Suiza o Noruega. Esto se debe a que el PIB per cápita es tres veces mayor que en España y en Estados Unidos es 2,5 veces mayor.
Los expertos creen que este tipo de impurezas son ineficaces y muchos países desarrollados han decidido eliminarlas. Según la OCDE, en 2022, el impuesto al patrimonio en España representa el 0,54% del total de ingredientes fiscales, equivalente al 0,19% del PIB. En Noruega, este impuesto representó el 1,06% del total de los ingredientes fiscales, equivalente al 0,75% del PIB. En Suiza, los ingresos fiscales por este impuesto representan el 4,35% del total, equivalente al 1,19% del PIB.
Los expertos aseguran que estas montañas generan pocos ingresos, grandes costes administrativos y fomentan la evasión fiscal. La economista Cristina Enache, en un artículo para el think tank Tax Foundation, explica que estos colaboradores son ineficaces por su mal diseño y sus elevados costes de implementación.
En 2021, el Tribunal Supremo de los Países Bajos declaró que este tipo de delitos atentan contra la justicia europea. En España, las comunidades de Madrid, Galicia y Andalucía respondieron al “impuesto de solidaridad” de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional.
El término «impuesto temporal de solidaridad», que pesa sobre los ciudadanos por encima de los tres millones de euros, se introduce para contrarrestar la eliminación del impuesto sobre inmuebles en algunas comunidades autónomas. La ministra de Hacienda, que encabeza María Jesús Montero, asegura que esta medida permitirá recuperar los ingredientes de los afluentes perdidos.
En respuesta, las comunidades de Madrid, Extremadura y Andalucía han ajustado su propio impuesto sobre el patrimonio, estableciendo un impuesto autonómico que compensa la diferencia con el impuesto estatal de solidaridad y ofreciendo una recuperación del 100% en estas regiones. Cantabria y Baleares también han elevado la sombra de la exposición hasta los tres millones de euros, y Murcia la sufrió hasta los 3,7 millones de euros.