Panamá reporta una caída en la entrada de migrantes ilegales a través de la frontera con Colombia en 2024.

Panamá reporta una caída en la entrada de migrantes ilegales a través de la frontera con Colombia en 2024.

Panamá ha registrado una reducción en el ingreso de migrantes ilegales por su frontera con Colombia en lo que va de 2024. Según Jorge Gobea, director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), cerca de 9.000 personas menos han cruzado ilegalmente este año en comparación con el mismo período de 2023. Durante una conferencia de prensa, Gobea atribuyó esta reducción a las nuevas medidas implementadas en las zonas fronterizas, tanto terrestres como marítimas, en las regiones de Darién y Guna Yala.

Según datos oficiales proporcionados por el Senafront, más de 212.000 migrantes han ingresado ilegalmente a Panamá en lo que va de 2024. Sólo en el mes de julio, más de 11.000 personas cruzaron la frontera por rutas no autorizadas. Sin embargo, Gobea no precisó la fuente exacta de la cifra que sustenta la diferencia de 9.000 migrantes mencionada en su comunicado. Una revisión de datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá muestra que para julio de 2023 unas 252.000 personas entraron ilegalmente al país, lo que está en consonancia con la disminución reportada.

La reducción de los flujos migratorios ilegales coincide con las medidas adoptadas por el gobierno panameño luego de que José Raúl Molino asumiera la presidencia a principios de julio. Una de las acciones más destacadas es la instalación de alambre de púas en al menos cinco puntos de la frontera con Colombia. El objetivo de esta medida no es impedir el cruce de personas, sino redirigirlas hacia un corredor humanitario que atraviesa la peligrosa selva del Darién, una de las rutas más utilizadas por los migrantes en su camino hacia el norte.

Senafront insistió en que las medidas buscaban proteger a los migrantes de los riesgos asociados al cruce ilegal, como desastres naturales, delincuencia y redes de trata de personas. Gobea puso un ejemplo de estos riesgos al relatar un caso reciente en el sector de La Bonga. Según explicó, un grupo de traficantes de personas abandonó a varios migrantes cerca de Puerto Obaldía, dejando a una familia en condiciones críticas en plena selva. Uno de los miembros de la banda, que padecía una enfermedad, murió antes de poder recibir ayuda. Las tropas del Senafront pudieron ayudar al resto de la familia, pero el incidente pone de relieve los peligros inherentes a estas rutas secretas.

Además de las medidas para garantizar la seguridad de los migrantes, Senafront introdujo controles más estrictos en los pasos fronterizos. Héctor De Sedas, director de operaciones del Senafront, señaló que los exámenes biométricos han permitido identificar a personas involucradas en actividades delictivas. En lo que va del año se han generado alertas sobre tres individuos vinculados a grupos criminales como las bandas ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos, así como sobre un colombiano presuntamente desmovilizado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, no se divulgan los nombres ni los detalles de las acciones tomadas contra estas personas.

La situación migratoria en Panamá es parte de un fenómeno más amplio que afecta a toda la región. Miles de personas, en su mayoría procedentes de países de América Latina y el Caribe, cruzan cada año territorio panameño en un intento de llegar a Estados Unidos. La Selva del Darién, una de las rutas más utilizadas, es también una de las más peligrosas, debido a las condiciones extremas del terreno, la fauna silvestre y la presencia de grupos criminales que operan en la zona.

El gobierno de Panamá ha intentado equilibrar la necesidad de gestionar estos flujos migratorios con su responsabilidad de proteger los derechos humanos de las personas en tránsito. La creación de corredores humanitarios y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza son parte de una estrategia más amplia que incluye la cooperación internacional.

Uno de los pasos más importantes en este sentido fue el acuerdo bilateral firmado en julio entre Panamá y Estados Unidos, que tiene como objetivo combatir la migración ilegal en la región del Darién. Este acuerdo establece mecanismos de cooperación entre ambos países para abordar las causas estructurales de la migración y garantiza un tránsito seguro para quienes cruzan esta zona. Aunque no se han dado a conocer todos los detalles de este pacto, su implementación será clave para reducir los riesgos relacionados con la migración en la región.

A pesar de los esfuerzos, los desafíos siguen siendo enormes. Las autoridades panameñas se enfrentan a la difícil tarea de gestionar un fenómeno migratorio que no sólo tiene dimensiones humanitarias sino también de seguridad. Casos como el de los migrantes varados en Puerto Obaldía reflejan la complejidad de la situación y la necesidad de una respuesta integral que incluya la cooperación binacional, el fortalecimiento de las instituciones locales y la atención a las necesidades inmediatas de los migrantes.

Por otro lado, los controles y alertas biométricos generados por Senafront muestran cómo la tecnología puede ser una herramienta eficaz para identificar posibles amenazas a la seguridad. Sin embargo, también plantean dudas sobre la transparencia y el manejo de la información recopilada, especialmente en un contexto donde los derechos de los migrantes pueden estar en riesgo.

El impacto de estas medidas y acuerdos aún no se ha evaluado completamente. La disminución de 9.000 migrantes reportada este año es una cifra significativa, pero no necesariamente significa una solución definitiva al problema migratorio. Las causas fundamentales que llevan a las personas a tomar estos caminos peligrosos, como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen, requieren un enfoque más amplio y coordinado a nivel regional.

En este contexto, el papel de Panamá como país de tránsito sigue siendo crucial. A medida que continúen los esfuerzos para gestionar la migración irregular, el Gobierno de Panamá necesitará equilibrar sus responsabilidades nacionales con su compromiso internacional de proteger los derechos humanos y garantizar el bienestar de los migrantes. La situación en la frontera con Colombia no es sólo un desafío para Panamá, sino también un recordatorio de la urgente necesidad de soluciones sostenibles a la crisis migratoria en toda la región.