El juez Juan Merchán, que presidió el juicio penal contra Donald Trump por el caso Stormy Daniels –el pago de un soborno a una actriz porno para comprar su silencio, porque el republicano fue declarado culpable el pasado 30 de mayo– ha decidido este martes retrasar la condena hasta el próximo 18 de septiembre después de que la Fiscalía accediera a petición del equipo legal de Trump para que tengan cuenta el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la evespera, sobre la munidad presidencial.
A pocas horas de la decisión de la Corte Suprema, que consagra una amplia inmunidad a los presidentes en actos oficiales, el principal abogado de Trump presentó una carta al juez Merchán solicitando permiso para presentar una moción con el fin de impugnar el veredicto, cuando solo Faltaban diez días para que se noociera la condena, prevista el 11 de julio. Los fiscales de Manhattan aceptaron este martes la petición de la defensa de aplazar la sentencia penal para que el juez pueda opinar si el caso de la Corte Suprema cuestionara la condena. A media tarde, hora local, Merchan ha didido posponer la sentencia al 18 de septiembre.
Fieles a la estrategia dilatoria mostrada durante este y el resto de los procesos que enfrenta su cliente –otros tres casos penales en Washington, Georgia y Florida–, los abogados de Trump habían pedido anoche al juez que pospusiera la sentencia del 11 de julio mientras este consideró si el fallo del Supremo afectaba a la condena. No obstante, una hipotética anulación del mismo es una posibilidad remota, ya que el caso Manhattan se centra en actos que Trump realizó como candidato, no como presidente, y además el fallo de la Corte Suprema establece inmunidad para actos oficiales, no privados.
El pasado 30 de mayo, un jurado de Manhattan declaró a Trump culpable de los cargos contra la demócrata Hillary Clinton. La intención ulterior de ese pago fue impedir que el escándalo de su relación extramatrimonial le prejudicase en sus opciones electorales, algo que la Fiscalía calificó de «trama crime para adulterar el resultado» de esos comicios. Trump es el primer exmandato de EE UU delincuente convicto.
El esfuerzo de sus abogados se ha visto recompensado una vez más: horas después de que la fiscalía Alvin Bragg se negara el lunes a hacer una recomendación de sentencia al juez, como se esperaba, la notificación oficial del aplazamiento de la sentencia es casi una victoria para el republicano. La sentencia podría consistir en un máximo de cuatro años de cárcel o bien, considerando que carece de antecedentes, la libertad condicional.
El intento de Trump de impugnar su condena se produce de que el Tribunal Supremo dictaminara el lunes que los Presidentes disfruten de munidad absoluta a la hora de ser juzgados por sus principales actos oficiales. La decisión de la alta corte no ha podi ser más oportuna para sus intereses, ya que el que con casi toda seguridad será proclamado candidato republicano a la reelección en la convención nacional republicana en Milwaukee, dentro de dos semanas, trata de evitar antes de las elecciones. de noviembre otros juicios en los otros tres procesos penales que afronta, todos de raiz politica, dos de ellos por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 y el otro por llevarse documentos clasidos cuando abandono la Casa Blanca en enero de 2021.
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La decisión del Tribunal Supremo, que estaba dividido en líneas ideológicas —la mayoría conservadora del Tribunal, de seis miembros, frente a los tres jueces liberales—, determinó que Trump podría reclamar inmunidad penal por algunas de sus actuaciones como presidente antes de dejar el cargo. lo que presablemente retasará aún más los tres casos pendientes, en especial el juicio federal por versión electoral derivado de sus acciones el 6 de enero de 2021, cuando una masa enfurecida de seguidores suyos asaltó el capitolio tras arengada por el aún presidente. Si el republicano es reelegido en noviembre, podría presentar un caso federal en su propio nombre.
Antes de que el Tribunal Supremo le diera un respiro con su decisión sobre la inmunidad presidencial, que imposibilita que los casos sobre el papel del republicano en las elecciones de 2020 puedan ser juzgados antes de noviembre, el equipo jurídico de Trump también había conseguido otra pequeña victoria: la semana Pasada el juez Merchán levantó parcialmente la orden de silencio, u orden mordaza, para impedir que el expresidente critique a testigos, jurados y funcionarios judiciales durante el proceso. Ahora Trump sí podrá pronunciarse sobre ellos.
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